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Nuevos
ámbitos de la fiscalización de las entidades públicas
Vicente Montesinos Julve (**) |
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Publicado
originalmente en la Revista Española de Control Externo, N" 4,
Volumen II, enero 2000 y reproducido en la Revista de Control Fiscal, Nº
146, mayo-agosto de 2001.
**
Catedrático de economía financiera y contabilidad de la Universidad de
Valencia, España. |
2. Entorno y estructura
organizativa de los entes públicos
El análisis de la actuación
de las entidades públicas se efectúa tomando en consideración dos tipos de
variables: las variables relativas al entorno en el que llevan a cabo su
actuación, así como el impacto de la misma sobre aquél, y las variables
relativas al funcionamiento interno y organización de las propias entidades.
Tanto unas como otras variables son de tipo financiero y no financiero. La
tradicional exclusión de variables de carácter no financiero de los sistemas
de información estructurados por las entidades está haciendo crisis
rápidamente, dada la insuficiencia de las variables financieras para adoptar
correctamente las decisiones y posibilitar un adecuado control de la gestión.
En cuanto al entorno en el
que desarrollan su actuación las entidades públicas, las variables que las
definen y caracterizan son de índole diversa, incluyendo variables
socio-políticas, económico-financieras y medioambientales. Estas variables
supondrán información relevante para la toma de decisiones de las entidades
públicas e incorporarán igualmente el impacto de su actuación. En
consecuencia, existirá información referente al entorno en sí de las
entidades y al impacto de su gestión sobre los escenarios socio-económicos en
los que actúan. La información sobre este impacto será la que deberán
analizar los evaluadores y auditores, considerando al propio tiempo los
condicionantes que el propio entorno impone a la gestión.
La información sobre el
propio entorno reviste un especial interés para cualquier entidad en tanto en
cuanto de ella dependerán las posibilidades de obtención de recursos
financieros (a través de impuestos, tasas y precios públicos, transferencias o
endeudamiento, fundamentalmente), realización de proyectos de inversión
concretos o reforma de la propia estructura organizativa y filosofía de
gestión de la entidad. Así, la evolución económica y social -tanto la
internacional como la nacional y la más próxima geográfica y socialmente a la
entidad-, los mecanismos financieros y el comportamiento de los mercados, las
percepciones y aspiraciones de los ciudadanos, la evolución del marco legal y
la propia cultura política son variables que necesariamente habrán de tenerse
en cuenta para analizar la situación, las actuaciones y las estrategias a
seguir por la entidad considerada. Especial sensibilidad ciudadana generan, sin
duda, las variables de tipo medioambiental, así como la actuación solidaria y
en pro de la equidad social desarrollada por las instancias públicas, ya
directamente o a través de ayudas y regulación de entidades privadas, como es
el caso de las organizaciones no gubernamentales.
La información referente a
estas variables de entorno viene recogida en:
- Los propios estados
contables de las empresas y otras entidades con las que se relaciona la
entidad considerada (informes de carácter microeconómico derivados de los
sistemas de información contable de otras empresas y entidades).
- Las cuentas nacionales,
cuya información ha de resultar comparable y fácilmente reconciliable con
la derivada de la contabilidad pública microeconómica (vid. Jones y
Lüder, 1996).
- Las bases de datos,
especialmente de carácter estadístico y contenidos socioeconómico y
medioambiental.
- Otras fuentes de
información escasamente estructuradas, como los medios de comunicación de
masas, los contactos derivados de la propia actuación de la entidad, etc.
(sobre relación entre contabilidad nacional y contabilidad pública).
Por lo general, los gestores
públicos no utilizan suficientemente esta información sobre el entorno, en
parte por la dificultad para obtenerla y en parte por las deficiencias que en
muchas ocasiones presenta. Sin embargo, la ausencia de comparabilidad con otras
entidades similares, la falta de realismo en las hipótesis de crecimiento de
los ingresos, el desconocimiento de la evolución de las necesidades de
servicios públicos, etc., generan los más graves problemas con los que suelen
encontrarse las entidades públicas en su gestión.
La otra vertiente informativa
será la incidencia de la actuación de las entidades sobre este entorno.
Tradicionalmente, esta incidencia o impacto sólo ha sido reconocida en sus
aspectos financieros. En la actualidad nos encontramos con la necesidad de
profundizar y perfeccionar, por una parte, la presentación de esa información
financiera, y, por otra, incorporar variables no financieras. De ello hablaremos
algo más en el epígrafe dedicado a la rendición de cuentas.
Una segunda categoría de
variables es la constituida por las variables de funcionamiento interno y
organización de las propias entidades. Estas variables se refieren, tanto al
proceso interno de generación de valor y prestación de servicios, como a los
procedimientos y controles internos que permiten otorgar seguridad en cuanto a
protección de recursos, gestión de la calidad y cumplimiento de las normas.
No todas estas variables se
incluyen en la rendición de cuentas. Sin embargo, por la propia naturaleza del
sector público y sus usuarios, el número de variables de funcionamiento
interno y organizativas a incluir en las cuentas públicas ha de ser mucho mayor
que en el caso de las empresas privadas. La descripción de los objetivos, los
presupuestos de los que se parte, los costes de los servicios prestados o el
impacto de los mismos son aspectos sobre los que las empresas privadas no suelen
informar, entre otras razones por las de índole competitiva. Sin embargo, en
las entidades públicas observamos una demanda creciente de este tipo de
información, acorde con la mayor toma de conciencia sobre sus derechos por
parte de los ciudadanos.
Como variables internas más
relevantes podemos mencionar las siguientes (vid. IGAE, 1993):
- Los planes, programas y
presupuestos por los que se rige la actuación de la entidad, identificando
objetivos y metas, estrategias y políticas, y recursos asignados.
- Las referentes a la
estructura organizativa de las entidades, que informarán sobre las unidades
existentes y su composición, lo que permitirá analizar su congruencia con
los objetivos y metas asignados.
- La estructura funcional,
con las actividades a desarrollar y las tareas que las componen, así como
las cargas de trabajo y los costes.
- Los procedimientos
aplicados y su relación con las funciones y tareas a desarrollar.
- Los recursos humanos,
incluyendo una valoración de la plantilla y su especialización, la
fragmentación del trabajo y la responsabilidad.
- Los medios materiales
disponibles, comenzando por el espacio físico disponible y su
distribución, con un énfasis especial en los recursos informáticos y su
adecuación a las funciones asignadas a cada unidad orgánica.
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